Vivimos la mayor crisis que la cadena de gran consumo jamás haya conocido. El IPC alimentario finalizó 2022 en cifra récord, y los precios percibidos tanto por el sector productor agrícola y ganadero como por la industria alimentaria lo superan con creces, alcanzando tarifas impensables hace escasas fechas. Los incrementos de costes en toda la cadena son exponenciales e inasumibles, debido fundamentalmente al encarecimiento de las materias primas e insumos, carburantes y electricidad, a lo que se ha sumado la muy preocupante situación de sequía que atraviesa nuestro país. 

En ello influyen también muchos factores macroeconómicos y geopolíticos de carácter internacional que afectan indudablemente a los lineales de los supermercados, si bien en el momento actual de incertidumbre es complicado intuir cómo evolucionarán a corto y medio plazo. Lo que resulta innegable es que esta crisis está provocando cambios en la oferta, en la demanda y en los hábitos de compra de los consumidores.

Son tiempos difíciles y complejos en los que toda la cadena de gran consumo tendrá que adaptarse a las circunstancias de cada momento para afrontar el gran reto de la inflación, que se comporta como un auténtico impuesto encubierto que pagan los consumidores, pero que también sufren las empresas que deben hacer frente a los pagos a sus proveedores. La productividad, eficiencia, sostenibilidad, rentabilidad de la cadena, así como la necesaria confianza del consumidor, serán factores clave para que la situación se normalice y se vuelva a los deseados cauces de estabilidad y
crecimiento.